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(Luxembourg, 18 July 2025) – A company and two of its legal representatives were convicted for a €3.8 million subsidy fraud involving agricultural funds, in the first verdict delivered after a trial by Spanish courts, following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain).
The Central Criminal Court of Spain sentenced the two defendants to one year's imprisonment and a fine of €3 million. The court also fined the company €3 million and imposed a three-year ban on receiving public subsidies or public funds. In addition, the company will have to reimburse €2 million in funds illegitimately obtained, and the company directors were held to be joint and severally liable.
In 2018, the company applied and obtained a subsidy from the Spanish Agricultural Guarantee Fund (SAGF) for the improvement of its facilities for the production of fruit and vegetables. Following this, the defendants also requested a loan from the Catalan Institute of Finance and the Directorate General of Industry, in clear breach of the terms and conditions of the subsidy, which established that the funding could not be cumulated with other grants.
The verdict, issued on 30 June 2025, marks the first judicial decision delivered after a trial in a case investigated by the EPPO in Spain, following a series of prior convictions obtained through plea agreements, and is still subject to appeal.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: Tres condenados por un fraude de 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas en la primera sentencia dictada tras un juicio en los tribunales españoles
(Luxemburgo, 18 de julio de 2025) - Una empresa y dos de sus representantes legales han sido condenados por un fraude de 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas, en la primera sentencia dictada después de la celebración de juicio en los tribunales españoles, en una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España).
El Juzgado Central de lo Penal de España condenó a cada uno de los dos acusados a un año de prisión y al pago de una multa de 3 millones de euros. La sentencia también impone a la empresa una multa de 3 millones de euros y la prohibición durante tres años de recibir subvenciones o fondos públicos. Además, la empresa tendrá que reembolsar 2 millones de euros en fondos obtenidos ilegítimamente, respecto a los cuales los directores de la empresa fueron declarados responsables solidarios.
En 2018, la empresa solicitó y obtuvo una subvención del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAG) para la mejora de sus instalaciones destinadas a la producción de frutas y hortalizas. Con posterioridad, los acusados también solicitaron un préstamo al Instituto Catalán de Finanzas y a la Dirección General de Industria, en claro incumplimiento de las bases de la subvención, que establecían que la financiación era incompatible con otras ayudas.
La sentencia, dictada el 30 de junio de 2025, constituye la primera resolución judicial dictada tras la celebración de un juicio en un caso investigado por la EPPO en España, que se suma a otras condenas previas obtenidas mediante acuerdos de conformidad, y aún puede ser recurrida.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.