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(Luxembourg, 9 October 2025) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain) has indicted 36 individuals and five companies, accused of forming a criminal organisation responsible for a €24.3 million VAT fraud scheme involving the trade of mobile phones and other electronic devices. The indictments follow an investigation code-named 'Marengo Rosso', which stretched across eight countries.
At issue is a suspected VAT carousel fraud, a complex criminal scheme that takes advantage of EU rules on cross-border transactions between its Member States, as these are exempt from value-added tax (VAT). According to the investigation, the fraudulent scheme involved the use of shell companies in different countries, through which phones, tablets, computers and other electronic equipment were ostensibly traded, using fictitious invoices, in order to evade the payment of VAT. The chain of shell companies also allowed to claim VAT reimbursements from the national tax authorities to which the alleged perpetrators were not entitled. Finally, the goods were sold at very competitive prices through online marketplaces in several countries. The criminal profits were then laundered in different countries, including Hong Kong and Singapore, according to the evidence collected.
It is estimated that these activities have, since 2020, caused losses of more than €24 million to the EU and national budgets.
The defendants are accused of three tax offences, together with money laundering and organised crime. If found guilty, some of the accused face up to 26 years of imprisonment and the companies may be fined with €24 million and the prohibition from receiving subsidies for a period of four years.
Earlier in this investigation, law enforcement froze 95 bank accounts and seized 24 properties, as well as five luxury cars, following a request by the European Delegated Prosecutors in Madrid.
All persons involved are presumed innocent until proven guilty by the competent Spanish courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Investigación 'Marengo Rosso': La Fiscalía Europea (EPPO) acusa a 36 personas y cinco empresas por un fraude de IVA de 24.3 millones de euros cometido en el seno de una organización criminal
(Luxemburgo, 9 de octubre de 2025) – La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España) ha formulado acusación contra 36 personas físicas y cinco empresas, miembros de una organización criminal responsable de un fraude de IVA superior a los 24 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La acusación es el resultado de la investigación denominada ‘Marengo Rosso’, que se extendió a lo largo de ocho países.
La investigación ha tenido por objeto un presunto fraude carrusel del IVA, un complejo sistema delictivo que se beneficia de las normas de la UE sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que están exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Según la acusación, el esquema fraudulento implicaría el uso de sociedades ficticias en diferentes países, a través de las cuales se comerciarían aparentemente teléfonos, tabletas, ordenadores y otros equipos electrónicos mediante facturas ficticias, con el objetivo de evadir el pago del IVA. De acuerdo con el escrito de acusación, la cadena de sociedades ficticias también permitía reclamar devoluciones de IVA ante las autoridades fiscales nacionales a las que los acusados no tenían derecho. Finalmente, los productos se vendían a precios muy competitivos a través de plataformas de comercio electrónico en varios países. Los beneficios ilícitos fueron posteriormente blanqueados en distintos países, entre ellos Hong Kong y Singapur, según las pruebas recabadas durante la investigación.
Se calcula que las actividades investigadas habrían causado, desde 2020, pérdidas de más de 24 millones de euros a los presupuestos de la UE y nacionales.
Los acusados han sido acusados de tres delitos fiscales, junto con los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. De ser declarados culpables, los lideres de este entramado criminal se enfrentarían a penas de prisión de hasta 26 años. Respecto a las empresas se solicita la imposición de una pena de multa de 24 millones de euros con la prohibición de recibir subvenciones durante un período de cuatro años.
Durante la investigación, los investigadores bloquearon 95 cuentas bancarias, se incautó 24 inmuebles, así como cinco vehículos de lujo a petición de los Fiscales Europeos Delegados en Madrid.
Todas las personas gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes de España.
La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente de la Unión Europea. Tiene competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la UE.