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(Luxembourg, 27 March 2026) – At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain), 18 presumed members of a criminal network, including five suspected ringleaders, were detained on Wednesday for their alleged involvement in a €32.8 million VAT fraud scheme linked to imported alcohol from several EU Member States.
Searches were carried out in 12 locations in the provinces of Barcelona, Tarragona and Valencia, targeting companies’ premises, houses of suspects and tax warehouses. In addition, law enforcement agents seized bank accounts belonging to 60 individuals and companies under investigation, cars, 40 real estate properties and €430 000 in cash. Additional seizures were executed in Portugal.
The investigation uncovered a criminal organisation that used shell companies located in Belgium, Portugal and Spain, and false invoices to evade the payment of taxes for importing and selling large quantities of alcoholic beverages into the Spanish market. The fraudulent scheme involved two Spanish tax warehouses – facilities where certain excise goods can be stored without immediate payment of taxes. The VAT becomes payable only when the products leave the warehouses for commercial distribution or consumption. Once there, fraudulent intermediaries (‘missing traders’) based in Spain controlled by the organisation acquire the alcohol and become liable for VAT, but they vanish without fulfilling their tax obligations. The alcohol is then sold to a chain of fraudulent companies, using false invoices, in order to hide the whole deceptive circuit. Finally, the alcohol is distributed in Spain, using distributors controlled by the criminal network. The VAT derived from these fictitious operations is never paid.
It is estimated that the scheme allowed for an illicit profit of approximately €32.8 million between 2019 and 2025, causing an equivalent damage to the Spanish state and the EU budget. It is understood that the profits were then laundered. One of the companies under investigation had connections to the Turks and Caicos Islands, a British overseas territory.
The investigative measures counted on the support of the Spanish National Police’s unit specialised in economic and tax crime (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF) and Spain’s Tax Agency (Agencia Estatal de la Administración Tributaria), as well as law enforcement authorities in Portugal (Guarda Nacional Republicana - GNR) and Belgium (Cellule de Traitement des Informations Financières – CTIF).
All persons involved are presumed innocent until proven guilty by the competent Spanish courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: la Fiscalía Europea detiene a 18 sospechosos en una investigación sobre un fraude de IVA de 32,8 millones de euros relacionado con la importación de alcohol
(Luxemburgo, 27 de marzo de 2026) – A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España), 18 presuntos miembros de una red criminal, incluidos los cinco supuestos cabecillas, fueron detenidos el miércoles por su presunta implicación en un fraude de IVA de 32,8 millones de euros vinculado a la importación de alcohol procedente de varios Estados miembros de la UE.
En el curso de esta operación se llevaron a cabo registros en 12 localizaciones de las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia, correspondientes a las sedes de empresas, los domicilios de sospechosos y depósitos fiscales. Además, los agentes intervinieron cuentas bancarias pertenecientes a 60 personas físicas y jurídicas bajo investigación, vehículos, 40 bienes inmuebles y 430 000 euros en efectivo. También se practicaron incautaciones adicionales en Portugal.
La investigación ha puesto al descubierto un entramado criminal que utilizaba sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España, empleando facturas falsas, para eludir el pago de los impuestos correspondientes a la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español. En este entramado fraudulento operaban dos depósitos fiscales en España – instalaciones en las que determinados productos sujetos a impuestos especiales pueden almacenarse sin el pago inmediato de impuestos. El IVA solo se devenga cuando los productos salen de los depósitos para su distribución comercial o consumo. En ese momento, intermediarios ficticios (“missing traders”) radicados en España, controlados por la organización, adquirían el alcohol y pasaban a ser responsables del IVA, pero desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales. A continuación, el alcohol se vendía a una cadena de empresas fraudulentas mediante facturas falsas, con el fin de ocultar todo el circuito fraudulento. Finalmente, el alcohol se distribuía en España a través de distribuidores controlados por la red criminal. El IVA derivado de estas operaciones ficticias nunca se abonaba.
Se estima que el esquema permitió obtener a los investigados un beneficio ilícito de aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025, causando un perjuicio equivalente al Estado español y al presupuesto de la UE, beneficios que fueron posteriormente objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales. Una de las empresas investigadas tenía vínculos con las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar.
Las medidas de investigación contaron con el apoyo de la unidad especializada en delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal – UDEF) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como de las autoridades policiales de Portugal (Guarda Nacional Republicana – GNR) y Bélgica (Cellule de Traitement des Informations Financières – CTIF).
Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los órganos jurisdiccionales competentes en España.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.