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Misión y funciones

La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente de la Unión Europea. Tiene competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la UE. Entre ellos se encuentran varios tipos de fraude, como el fraude del IVA con cantidades defraudadas superiores a los10 millones de euros, el blanqueo de capitales, la corrupción, etc.

La Fiscalía Europea efectuará las investigaciones y practicará los actos propios del ejercicio de la acción penal y ejercerá las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros participantes, hasta que concluya definitivamente el caso de que se trate. Hasta que la Fiscalía Europea entró en funcionamiento, únicamente las autoridades nacionales podían investigar y perseguir estos delitos, pero sus competencias se limitaban al territorio nacional. Los organismos como Eurojust, la OLAF y Europol carecen de las competencias necesarias para llevar a cabo estas investigaciones penales y actuaciones judiciales.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de junio de 2021, la Fiscalía Europea ha registrado más de 4 000 denuncias de delitos procedentes de los Estados miembros de la UE participantes y de partes privadas, y se han abierto más de 929 investigaciones (hasta junio de 2022). Los ciudadanos pueden denunciar los delitos a la Fiscalía Europea mediante un formulario web especial.

Las competencias de la Fiscalía Europea se definen en el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo que entró en vigor el 31 de octubre de 2017. Consulte la página del marco jurídico para saber más sobre las normas que regulan los diferentes aspectos de la Fiscalía Europea.

 

¿Qué son los intereses financieros de la UE?

Todos los ingresos, gastos y activos cubiertos por, adquiridos mediante, o adeudados al presupuesto de la Unión Europea y a los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos creados en virtud de los tratados y a los presupuestos gestionados y supervisados por ellos.

 

¿Qué delitos incluyen?

Los Estados miembros participantes deben haber transpuesto la Directiva PIF a sus legislaciones nacionales. Esta directiva del Consejo y del Parlamento aborda la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea a través del derecho penal, y refuerza el nivel de protección del presupuesto de la UE armonizando las definiciones, las sanciones y los plazos de prescripción de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la UE.

También define qué delitos están dentro de las competencias de la Fiscalía Europea:

  • fraude transfronterizo a gran escala que afecta al IVA y suponga un perjuicio total de al menos 10 000 000 EUR;
  • otros tipos de fraude que perjudiquen los intereses financieros de la UE;
  • delitos de corrupción que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses financieros de la UE;
  • malversación de fondos o activos de la UE por parte de un funcionario público;
  • blanqueo de capitales y crimen organizado, así como otros delitos indisolublemente vinculados a una de las categorías anteriores.

Por ejemplo: si un funcionario acepta un soborno en relación con un proyecto financiado por la UE y lo camufla comprando una casa, la Fiscalía puede investigar tanto la corrupción pasiva como el posterior blanqueo de capitales.

 

Nuestros socios

La Fiscalía Europea mantiene asociaciones privilegiadas con otras instituciones, organismos y agencias de la UE.

Se ha cerrado un acuerdo con la Comisión Europea y se han firmado acuerdos de trabajo con la OLAF, Eurojust, Europol, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones.

Además de colaborar con otras instituciones, organismos y agencias de la UE (como los mencionados anteriormente), la Fiscalía Europea también trabaja con socios de otras categorías:

  • autoridades de los Estados miembros de la UE no participantes;
  • autoridades de países que no son miembros de la UE (terceros países);
  • autoridades de Estados miembros participantes;
  • redes de cooperación judicial y de aplicación de la ley (por ejemplo, la Red Judicial Europea, CARIN, etc.);
  • organizaciones internacionales y equivalentes (Consejo de Europa, Interpol, etc.).

 

Puede encontrar los acuerdos de trabajo de acceso que son público con algunos de los organismos mencionados en el apartado de documentos de nuestro sitio web.